El concepto que los partidos tienen de la misión de servicio público pretende extender a las televisiones privadas la obligación de encorsetar la cobertura de las campañas electorales. Carmen Ibáñez, @carmenciti, miembro de 1001 Medios analiza la intencionalidad de la norma propuesta y su repercusión en el gremio periodístico.

Uno de los «asuntos de estado» en el que los dos principales partidos de nuestro país se han puesto de acuerdo consiste en obligar a las televisiones privadas a cometer la misma insensatez –por decirlo políticamente correctamente- a la que ya se ven obligadas las televisiones públicas. Y que no es otra que tasar en minutos y segundos la crónica electoral durante los días que dura la campaña de forma proporcional al número de diputados que tenga cada partido. Y así, desde que en 1983 se promulgó la Ley General de Régimen Electoral: 25 años.
Los defensores de este artículo de la ley (los dos principales partidos, los más acérrimos), apelarán al espíritu democrático del mismo. Esgrimen además que las televisiones privadas tienen su licencia a cambio cumplir la misión de servicio público. Curioso que se acuerden de esta misión 20 años después del nacimiento de las privadas y sólo en lo tocante a la cobertura de la campaña electoral. Podrían haber empezado, por ejemplo, por los contenidos para un público infantil en fase de formación, pero eso atenta contra la libertad empresarial. Harina de otro costal, vamos.
Los detractores a este reparto matemático del tiempo apelan a la distorsión de la realidad que causa esta regla de tres, que convierte escaños en segundos de reloj.
La peripecia profesional a la que tuvo que enfrentarse el reportero/a que cubrió la campaña electoral de, por ejemplo, un partido con cinco diputados como el PA en la campaña autonómica de 2008, rozó el delirio: resumir en nueve segundos una jornada de mitin con propuestas programáticas, total del candidato incluido.
La paradoja está en que, habitualmente, las crónicas de campaña de los principales partidos contienen, además del anuncio del día, un porcentaje alto de críticas al candidato rival. Deduciremos pues que al redactor le sobraron segundos e incluso minutos para contar las promesas de dicho partido, y relleno. ¿O no?
Los periodistas, lógicamente, han puesto el grito en el cielo, aunque el cielo es tan grande, que no se les oye demasiado, todo hay que decirlo. Y este anuncio ha llegado precisamente cuando se estaban visibilizando las objeciones de la profesión a este sistema y se estaban demandando cambios.
En 1001 Medios discutimos mucho sobre si Internet ha destronado a la televisión, y no lo pongo en duda. Creo que va por barrios, aunque será inevitable. Pero lo que está claro es que nuestros políticos al menos, no lo creen, y siguen pensando que la televisión es el medio más eficaz para persuadir a los votantes.
El volumen de recursos que se gastan en organizar tres o cuatro platós de televisión al día y exteriores (mitin en el poliderpotivo, visita a la fábrica de la comarca, paseo por el centro y cierre con cena mitin en una venta cercana) no es fruto del capricho del jefe de campaña.
En un mundo ideal, la cobertura de una campaña electoral, que no es más que otra noticia del día, no estaría condicionada por este equilibrio matemático, como una pretendida garantía de objetividad y neutralidad de la información.
Tal vez si fuera más habitual el respeto por los códigos deontológicos de la profesión, sobre todo por parte de los editores de noticias. Tal vez si un buen número de periodistas de calle no estuviera tan politizado y echara mano de vez en cuando a los apuntes de Deontología Periodística de la facultad, las reivindicaciones de la profesión en este tema, como en cualquier otro, habrían brillado algo más. ¿Quién sabe?
Pero existe una contradicción en este gremio, que a veces exhibe un corporativismo mal entendido, al defender la libertad del periodista como argumento que justifica malas prácticas como la falta de neutralidad: ocultación de datos al espectador, no contrastar la información… De esa manera, sale perdiendo el periodismo y se violan derechos constitucionales (art.20.d) de la gente normal y corriente.